Luego de dos años envuelto en una disputa legal, la Municipalidad de Lima informó este sábado que perdió el arbitraje contra la empresa concesionaria que administra el peaje Chillón, ubicado en Puente Piedra. Así deberá pagarle a Rutas de Lima nada más y nada menos que S/ 230 millones.
Esta decisión fue determinada por el Tribunal Arbitral con sede en Washington. La decisión de anular la instalación del referido peaje, en su momento, fue tomada por el exalcalde Luis Castañeda Lossio, en el 2017.
Lo que determinó el Tribunal Arbitral en contra de la posición de la Municipalidad de Lima en el arbitraje sobre el peaje es que ordenar su suspensión no fue lo más adecuado, a pesar de que su instalación estuvo pronosticada recién para cuando las obras a cargo del concesionario acabaran. Esto lo establecía el contrato.
De acuerdo a las declaraciones de la empresa Rutas de Lima, las razones del retraso en la finalización de dichas obras tuvieron su origen en la falta de liberación de interferencias por parte de la Municipalidad de Lima.
Representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima indicaron que, en lo decidido por el ex alcalde, no se consideraron aspectos técnicos y jurídicos necesarios, vulnerándose los intereses de los ciudadanos y, más aún, de la comuna limeña.
Además, agregaron que: “Lamentablemente no se nos ha dado la razón, pues el Tribunal ha ratificado que todas las medidas adoptadas debieron seguir los procedimientos del mismo contrato y el acta del 30 de junio de 2016, en cuanto a la fecha acordada entre la MML y Rutas de Lima para que inicie el cobro de la nueva unidad de Peaje Chillón”
Ahora, la máxima instancia municipal evalúa las acciones legales que se deban seguir para revertir legalmente el fallo que valida procedimientos “manchados por la corrupción”, algo que el Tribunal Internacional no consideró al no estar correctamente acreditado en la jurisdicción judicial peruana.
A pesar que se presentaron los documentos de la Contraloría, del Congreso y la información pública sobre los avances de las investigaciones penales, estos se consideraron insuficientes. Como se recuerda, la instalación de ese peaje provocó una fuerte protesta social, con bloqueo de la Panamericana Norte y decenas de detenidos.
