El Gobierno del presidente Martín Vizcarra dispuso que los colegios particulares no podrán cobrar por servicios que no brindan a los escolares. La directiva legal fue oficializada con decreto supremo 1476 publicado por el Ejecutivo en el diario oficial El Peruano, y tendrá validez mientras se extienda la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el país.
“Los colegios particulares no pueden cobrar por servicios que se han dejado de brindar por el confinamiento social. De igual forma, tampoco por nuevos conceptos que no se encuentren relacionados con la prestación del servicio educativo no presencial”, indica la norma.
Esta continúa así: “Los usuarios y las instituciones particulares se encuentran en capacidad para, en el marco de la pandemia, negociar variaciones en el contrato o documento que detalla las condiciones de prestación del servicio educativo”.
En ese marco, también se dispone que, en un plazo máximo de 7 días, los centros educativos privados deberán tomar contacto con los padres de familia y comunicarles formalmente sobre el estado real de los costos de las pensiones, y eventualmente las propuestas económicas.
Para tal fin, según la normativa, las entidades deberán utilizar correos electrónicos u otros medios de contacto. De no haber acuerdo, el colegio estará obligado a devolver todas las cuotas de matrícula, pagos por ingreso y mensualidades.
La devolución deberá realizarse en un plazo límite de 30 días, desde la anulación del contrato, y en ningún caso el colegio podrá coaccionar a los padres a renunciar al retorno de su dinero. Con esta directiva legal, los colegios no podrán ocultar detalles de su manejo económico.
“La transparencia de la información permitirá el acceso a información verdadera, completa, de buena fe y de fácil acceso para los padres de familia. Todo con el propósito de que estos puedan tomar decisiones eficientes sobre el servicio brindado en el marco de la pandemia por el COVID-19, y hacer una evaluación precisa sobre si siguen o no en ese colegio”, puntualiza.
